1. La inadecuación de la propia LOT y de la anterior Ley de Televisión por Satélite (L 35/1992, de 22 de diciembre), a la que deroga expresamente. Inadecuación en relación con el marco liberalizador de la normativa comunitaria (hay que destacar que esta Ley no se refiere a la Directiva anterior, la cual no se traspone al derecho interno hasta enero de 1997, sino a la Directiva 94/46/CEE, que a su vez vino a modificar las anteriores Directivas de la Comisión relativas a la competencia en mercados de terminales y de servicios de telecomunicaciones), con la evolución tecnológica representada por el desarrollo de las técnicas de compresión de la imagen y con el crecimiento del mercado.



2. El propósito de la ley, esto es, la liberalización de todos los servicios de telecomunicación que utilicen satélites de comunicaciones, incluidos los servicios portadores.
No obstante, se excluyen de la liberalización los servicios de telefonía básica y el servicio portador de televisión hertziana o terrenal.

Son dos las medidas que adopta básicamente la ley para liberalizar el servicio:

Los servicios de telecomunicaciones prestados a través de satélite dejan de ser Servicio Público Esencial (con las expcepciones vistas).

Desaparecen las concesiones administrativas para la prestación del servicio, sustituyéndose por autorizaciones administrativas otorgadas por el MOPTMA (Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente).

En definitiva, esta ley constituye el primer paso en la liberalización de la prestación del servicio de televisión por satélite.

Resulta interesante observar que en su artículo 3, que contiene las líneas básicas del sistema de autorizaciones necesario para la prestación del servicio, se remite a su desarrollo reglamentario. Y que en su Disposición final primera da un plazo de tres meses para la aprobación del correspondiente Reglamento técnico.
Sin embargo dicho Reglamento se publica un año más tarde, el 31 de enero de 1997 (RD 136/1997). Ese mismo día se publica otra norma significativa, el RDL 1/1997, que incorpora la Directiva europea 95/47/CE a la regulación española del satélite en medio de una fuerte polémica en el sector, ante el inminente despliegue de los servicios de televisión digital, y con el objetivo de regular las actividades de los proveedores de servicios de televisión de pago.

El sistema de transmisión debe estar normalizado por un organismo europeo de normalización.

Los módulos de abonado usarán el algoritmo común europeo de desenmascaramiento.

Los operadores de servicios tienen un mes de plazo, a partir del 1 de febrero de 1997, fecha de entrada en vigor del RDL, para cumplir sus disposiciones, y tres meses para solicitar la inscripción en el registro de la CMT.